La profesión farmacéutica, como cualquier otra, se ejerce en primer lugar para obtener los recursos necesarios para vivir, y en segundo lugar como cauce para servir a la sociedad, especialmente si se trata como es el caso, de una función eminentemente sanitaria. Soy consciente de que el término servir no está de moda, pero en el fondo todos nos beneficiamos del trabajo de todos, salvo los parásitos; estos nunca tuvieron intención de trabajar y mucho menos de aportar algo a la sociedad en la que viven. Separar las dos funciones del trabajo es peligroso y resulta peligrosísimo cuando el que lo hace es un profesional sanitario con la inequívoca intención de anular la función que hace referencia al bien común.
Lamentablemente esto está ocurriendo en algunos procedimientos de apertura de farmacias de nueva creación. En estos casos la administración adjudica la nueva plaza en base a un baremo determinado y a unas exigencias de permanencia mínimos en la recién inaugurada farmacia. Lo lamentable es que haya profesionales del gremio que conociendo y cumpliendo la normativa vigente se hagan con las licencias para las nuevas farmacias y, transcurrido este corto periodo de tiempo exigido, las pongan a la venta a precios desorbitados.
Se trata de una especulación pura y dura que en nada favorece la imagen del farmacéutico como agente sanitario, y supone un insulto a tantos profesionales que históricamente consumieron sus vidas sirviendo a las comunidades que les dieron cobijo.
La solución ante tanto atropello: exigir tal permanencia en el chiringuito que al especulador no le cuadren los números.
Como siempre: ¿quién le pone el cascabel al gato?