Hace 80 años, las arcas municipales cargaban con los costes de los medicamentos suministrados a las familias con precariedad económica y acogidas a la Beneficencia Municipal, mientras que el resto de ciudadanos pagaba religiosamente sus medicamentos. Esta praxis proteccionista se mantuvo hasta mediados de los años 80 y tal vez sea interesante volver a replantearla.

En agosto de 1944 nace el Seguro de Enfermedad de la mano del Instituto Nacional de Previsión, mediante el cual el Estado retenía a cada trabajador una cantidad de dinero de su sueldo y con ello se le prometía una pensión vitalicia cuando llegara su edad de jubilación, y el acceso gratuito a médicos y medicamentos. Unilateralmente el Estado ha reventado su compromiso con el trabajador imponiendo el co-pago farmacéutico. Echo mucho en falta un clamor popular contestando a tamaña agresión.

Sé que no es políticamente correcto lo que voy a expresar: en justicia el Estado debería subvencionar los medicamentos en primer lugar a las familias de los ciudadanos que hayan cotizado a la Seguridad Social y en segundo lugar al resto. ¿Me equivoco en algo?