Hace meses que nuestra sanidad se desliza por una pendiente inclinada, guiada por unos gestores para los que priman los resultados económicos frente a una sanidad de calidad: jeringas de insulina que se obstruyen, pruebas diagnósticas solicitadas por especialistas y anuladas por “comisarios económicos”, tratamientos médicos excluidos de la Seguridad Social, co-pago farmacéutico, subida del IVA hasta el 21% para ciertos productos sanitarios.

El trabajador, pensionista o activo, tiene derecho a una sanidad de calidad, no porque se lo conceda nuestra Constitución, sino porque mes a mes paga sus cuotas a la Seguridad Social que el propio Estado de impone; es decir se trata de una contratación pura y dura: yo te pago por un servicio y tú me lo prestas.
La atención sanitaria no es un regalo del Estado Protector Paternalista, es un derecho que tiene todo trabajador que paga sus cuotas, ¿o no?