El derecho universal –incluido el de los inmigrantes sin papeles- a la prestación farmacéutica en nuestro país vuelve a ser noticia.

La cosa empezó un uno de septiembre de 1944; a partir de ese día nuestras farmacias estaban obligadas a facilitar fórmulas magistrales, medicamentos y material de cura a las personas amparadas por la correspondiente cartilla del Seguro de Enfermedad. El día 9 de ese mismo mes, el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, a instancias de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, traslada a sus colegiados una circular en la que se les exige “que dispensen las recetas aún de aquellos asegurados que no se hallen en posesión de dicha cartilla con tal de que vayan extendidas en el modelo oficial…=Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista=”.

En ningún caso el paciente pagaba un céntimo del precio de lo que se llevaba. En ese primer mes de funcionamiento, la farmacia Aramburu de Plencia despachó cerca de 500 recetas, de las cuales 11 correspondían al Seguro de Enfermedad. Con el paso del tiempo esta proporción se fue invirtiendo haciendo mella en las arcas del estado y, ya en mayo de 1953, el ministro José Antonio Girón de Velasco –en una nota de prensa- lanzaba un globo sonda: “En algunos países el asegurado ha de pagar una cantidad por cada receta, cualquiera que sea el costo de la especialidad…” Y efectivamente, el 23 de diciembre de 1966 se publica un Decreto en el que se determina que los beneficiarios del Seguro de Enfermedad participarán en el pago del precio de los medicamentos.

El resto de la historia creo que es bien conocida y todo apunta a que nunca regresaremos al gratis total de los comienzos, en la que sólo se atendía a las familias más desfavorecidas.

En nuestras sociedades democráticas, el derecho de acceso a los diversos servicios sanitarios públicos siempre será asunto de debate social y político. ¡Que así sea!

Nota: para un mejor conocimiento del tema recomendamos la lectura de la tesis doctoral “El seguro obligatorio de enfermedad en España: responsables técnicos y políticos de su implantación durante el franquismo”, defendida en 2013 por Mª Gloria Redondo Rincón y dirigida por Antonio González Bueno.